Operativos de vigilancia, ciudadanos con miedo y ausencias en ayuntamientos son los rastros de una violencia que no tiene límites
Jerécuaro, Guanajuato.- Un municipio envuelto en operativos de vigilancia, ciudadanos con miedo y un ayuntamiento con ausencias fue lo que dejó la violencia sin límites dentro de un bar de la comunidad de Los Sabinos en Jerécuaro. La agresión de un comando armado cobró la vida de dos personas, entre ellas Eduardo Olvera, titular del DIF y esposo de la alcaldesa Isabel Ascevedo; un ejemplo de que el objetivo del crimen es el círculo íntimo del poder.
La tragedia se suma a la reciente muerte del ex alcalde Fernando Granados Alejo, quien en junio del 2025 fue encontrado sin vida a las afueras de la cabecera del municipio. Le habían disparado y fue reportado como un hombre de la tercera edad sin signos vitales en un camino de terracería.
El también priísta se desempeñó como edil de 1998 a 2000 y aún cuando fue reconocido por sus labores comunitarias y sociales, entre las que destacó como fundador del Club Deportivo de Jerécuaro, su asesinato continúa sin esclarecimiento.
En otro hecho ocurrido en julio del 2024 en Abasolo, el tío de la ex alcaldesa por parte del PRI, Rocío Cervantes. Martín Cervantes murió afuera de su domicilio en Rincón de Martínez. El productor agrícola fue ultimado a tiros.
Como en Jerécuaro, en mayo del 2024, Carlos Molina Herrera , padre de la presidenta de MORENA en Pénjamo, Yozajamby Molina, recibió el mismo destino junto a la pareja de la funcionaria, en un bar de la zona centro del municipio.
Dos días antes, el padre del morenista Saúl Trejo, presidente de Tarimoro, fue atacado a balazos mientras repartía propaganda de la candidatura de su hijo a una cuadra del jardín principal.
Las cifras son alarmantes, tan sólo del primero de enero del 2024 al 20 de noviembre del 2025, Votar entre balas contabiliza 28 víctimas mortales de violencia político-criminal. Entre funcionarios, candidatos, autoridades de elección popular y familiares, Guanajuato está marcado por la inseguridad e impunidad de las que ningún ciudadano, ni siquiera figuras relevantes en la política, están exentas.
